Castigar, no quebrar

Por: Antero Flores Aráoz Abogado desde Lima. Perú

Hace un par de semanas, con gran titular en uno de los diarios tradicionales, fue reproducido el dicho de Claudia Cooper, Ministra de Economía y Finanzas, expresando: “Hay que castigar a ésas Empresas, no quebrarlas”.  Evidentemente se refería a las empresas constructoras, tanto foráneas como nacionales que habían participado en actos de corrupción para obtener obras públicas.

Es más que cierto que las personas naturales son las que delinquen, pero las jurídicas a que pertenecen, se benefician. Por ello las primeras serán investigadas, procesadas y de ser el caso sancionadas, pero las segundas algún castigo tendrán que tener, pues fueron quienes recibieron concesiones y contrataciones mal habidas.

El castigo a las empresas no puede ser pena privativa de libertad, pues teniendo personalidad jurídica y no natural, es más que cierta la imposibilidad de ser sancionadas con carcelería, pero si con reparaciones civiles a favor del Estado.

Tiene sentido la severidad para sancionar, de ser el caso, a quienes hubieran delinquido en casos de corrupción, por el grave daño social que se infringe. En efecto,al elevar los precios unitarios o finales de las obras públicas, para poder “aceitar” a malos funcionarios, se está dejando de hacer, con el mayor valor de la contratación, infinidad de obras públicas importantes como son postas médicas y colegios, cuando no, remunerar mejor a profesores, policías, profesionales de la salud y a tantos otros servidores del Estado, muchas veces con retribuciones irrisorias para no llamarlas paupérrimas. Ello sin olvidar programas sociales exitosos como Beca 18, y el entonces llamado “vaso de leche”, como ejemplos.

La titular del MEF ha dado en el clavo, frente a quienes con miopía solo ven la sanción a los corruptos, pero sin tomar en cuenta que, al meter en un mismo cesto, la punición y la ejecución de las obras, se atenta contra miles y miles de personas naturales y empresas que nada tienen que ver con el embrollo.

En efecto al paralizar obras, miles de trabajadores perderán su puesto laboral y dejarán de percibir sus retribuciones.  Lo mismo sucederá con los trabajadores de las empresas sub-contratistas o concesionarias, al igual que sus proveedoras de bienes y servicios, que son tanto grandes, como medianas y pequeñas.

El tema se agrava pues tampoco se podrán retornar los préstamos otorgados por las empresas del Sistema Financiero, créditos que provienen de los depósitos de terceros que los bancos administran. En adición se perjudicarán los socios de las empresas a las que nos referimos, que presumiblemente no tenían ni idea de lo que pasaba, entre los que se encuentran los que adquirieron los valores emitidos por aquellas a través de la Bolsa nativa como de las internacionales y, además precisando que hay AFP que tenían invertidos fondos pensionarios de sus aportantes en las empresas consorciadas.

Realmente es un drama para tantas personas y empresas, que se ven afectadas por la situación, y que esperan que el Estado cumpla con sus obligaciones de investigación y punitivas, pero sin afectar a los miles de inocentes que nada tienen que hacer con este entripado. 

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